El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha solicitado al gobierno argentino que implemente una serie de medidas drásticas para reducir el gasto en el país. Entre estas medidas se incluye un aumento de hasta el 16% en las tarifas para la clase media, así como ajustes en los salarios del sector público.
Según el último informe publicado por el FMI, se espera que estas medidas entren en vigor a partir del 1 de septiembre. Sin embargo, hasta el momento, Sergio Massa, Ministro de Economía de Argentina, no ha tomado una decisión definitiva al respecto.
El objetivo del FMI es reducir el gasto en aproximadamente $500.000 millones para el año 2023. Para lograrlo, se esperan aumentos sucesivos en las tarifas de servicios públicos, ajustes salariales en el sector público y mayores restricciones en los beneficios jubilatorios y planes sociales.
A diferencia de las medidas anunciadas recientemente, que solo afectarán a los sectores más afectados por la devaluación durante un período máximo de tres meses, el FMI exige un aumento en las tarifas eléctricas a partir del 1 de septiembre para todos los niveles socioeconómicos, incluyendo la clase media y los segmentos de menores ingresos. Además, se espera otro ajuste entre noviembre y enero.
La Secretaría de Energía, a cargo de Flavia Royón, confirmó la semana pasada que habrá un incremento en las facturas de energía, pero la fecha de implementación y si se aplicará solo a los segmentos de altos ingresos o a todos los niveles aún está por definirse.
En medio de la campaña electoral, los funcionarios reconocen que esta decisión tiene un fuerte componente político. Massa necesita aliviar la carga económica de la población para intentar recuperar parte de los 6 millones de votos perdidos por el oficialismo en las recientes elecciones primarias. Sin embargo, también enfrenta presiones para contener el gasto público.
Aunque ya se ha producido un aumento en las tarifas para los sectores de mayor poder adquisitivo en agosto, con un incremento interanual del 150%, el FMI espera "mayores esfuerzos" para alinear las tarifas con los crecientes costos de producción tras la brusca depreciación del 22% del dólar oficial. El objetivo final es reducir los subsidios energéticos del 2,3% al 2% del PIB para el año 2023.
A medida que se acerca la fecha límite establecida por el FMI, existen expectativas de que se produzcan novedades en las próximas horas. Cabe destacar que el gobierno argentino ya ha aplazado plazos anteriormente, como sucedió con la eliminación de todos los subsidios a los hogares de mayores recursos, comprometida para enero pasado pero implementada recién en mayo.
Con la responsabilidad recaída en Sergio Massa, Ministro de Economía, se espera una decisión política crucial en medio de este escenario. El desafío radica en encontrar un equilibrio entre aliviar el bolsillo de la población y contener el gasto público, en un contexto de incertidumbre económica y electoral.