Un reciente estudio de la consultora Opina Argentina ha registrado un nivel de aprobación récord a la gestión del presidente Javier Milei. Este aumento en la valoración positiva del Gobierno coincide con la reciente aprobación en general de la Ley Bases en el Senado, un triunfo político significativo para la administración actual.
Según la encuesta, que abarcó más de 1300 casos entre el 12 y el 17 de junio, la aprobación general de las políticas del Gobierno nacional aumentó del 48% al 51%. Las regiones del NOA y Cuyo presentaron los niveles más altos de aceptación, con un 63% combinado, mientras que la Patagonia mostró el menor nivel de aceptación con solo el 37%.
En áreas específicas, la política económica y la gestión en materia de seguridad recibieron un 51% de aprobación, mientras que la política exterior de Milei fue evaluada positivamente por el 49% de los encuestados. Sin embargo, las políticas de ayuda a los sectores más pobres obtuvieron un 41% de aprobación, con un 48% en contra.
Un aspecto destacable del estudio es el rechazo al proyecto de dolarización promovido por Milei. El 52% de los encuestados se opone a reemplazar el peso por el dólar, mientras que solo el 31% está a favor. Este apoyo ha disminuido siete puntos desde la última medición en febrero. No obstante, entre los que tienen una buena imagen del Gobierno, el 60% apoya la dolarización.
La encuesta también evaluó la opinión pública sobre la Ley Bases. El apoyo a la aprobación del proyecto con modificaciones aumentó del 39% al 42% en el último mes. Se observó que a mayor edad, menor es el apoyo a esta ley. La dilación en la aprobación del proyecto en el Senado ha mejorado el clima de opinión a favor del Gobierno, ofreciendo a Milei la oportunidad de relanzar su gestión con un respaldo social significativo en las áreas de Economía, Seguridad y Política Exterior.
Finalmente, la encuesta abordó la polémica en torno a la distribución de alimentos por parte del Ministerio de Capital Humano. La mitad de los encuestados exculpa al Gobierno nacional y culpa a la posible corrupción de los movimientos sociales (35%) o considera que fue un error involuntario (16%). La otra mitad culpa al Gobierno por insensibilidad social (36%) o por una deficiencia en la gestión (10%).
Fuente: Infobae